“POR UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO”

Ante la supresión en 2010, por parte de la Junta de Castilla y León, de la ayuda que dedicaba en años anteriores, mediante convocatoria pública, a acciones de sensibilización social y Educación para el Desarrollo (EpD), las organizaciones, entidades y personas abajo firmantes manifestamos nuestra firme oposición a ese recorte y declaramos que

ü Las administraciones locales y autonómicas, como la Junta de Castilla y León, deben interiorizar el convencimiento de que para apoyar el desarrollo de los pueblos del Sur son necesarias transformaciones tanto en las poblaciones del Sur como en nuestra propia sociedad. Deben apoyar procesos de formación a la ciudadanía que favorezcan la comprensión de las interrelaciones políticas, económicas, sociales ente el Norte y el Sur, así como promover valores y actitudes basados en la solidaridad y la justicia social

ü El apoyo a la EpD supone favorecer la generación de conciencia crítica sobre la realidad mundial, así como facilitar herramientas para la participación y la transformación social, línea esencial de la política de cooperación

ü La supresión de las ayudas a sensibilización y EpD supone un incumplimiento de los objetivos y compromisos recogidos tanto en la Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, como en el borrador del Plan Director 2009-2011.

ü La transferencia de recursos económicos a poblaciones del Sur, a través de proyectos o acciones directas, no es suficiente para impulsar el desarrollo sostenible, porque al tiempo que se apoyan cambios en el Sur es indispensable impulsar esfuerzos para conseguir en nuestra Comunidad una ciudadanía más informada, sensible y solidaria.

ü La lucha contra la crisis en nuestra Comunidad no debiera ser incompatible con el compromiso de Castilla y León con las poblaciones más desfavorecidas del planeta. La coherencia política exigible obliga a reafirmar el compromiso social y político con los más afectados por la crisis en otros países (como una política social relativa a los países del Sur), al tiempo que se profundiza en las políticas sociales y de protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Los 5,06 euros por habitante que destina nuestro gobierno autonómico a cooperación nos sitúan muy lejos de otras Comunidades Autónomas como los 33 €/hab. de Navarra, los 15,77€/hab de Castilla-La Mancha o los 14, 34 €/hab de Baleares

ü Castilla y León debe hacer un mayor esfuerzo en sus políticas de cooperación al desarrollo y consolidar una política pública de desarrollo coherente, basada en el diálogo y la participación de todos los actores.

Por todo ello, proponemos al Gobierno Autonómico de Castilla y León:

ü Otorgar a la EpD carácter de estrategia prioritaria, tanto en cooperación como en educación, colocándola en el lugar que le corresponde como elemento transformador de realidades.

ü Aumentar los fondos destinados a cooperación e incluir una partida específica para acciones de EpD y sensibilización, distribuyendo el máximo posible mediante convocatoria pública

ü Cumplir los compromisos acordados por los diferentes partidos políticos en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado en diciembre de 2007.